Una tarea urgente en el Perú actual: La defensa (definitiva) de los derechos de la mujer

Por Beatriz Merino

• Todos los 8 de marzo el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, en reconocimiento y celebración de los logros de las mujeres así como para señalar las inequidades y problemas de género.  Este año la Embajada Británica en el Perú conmemora este día con un blog de la Dra. Beatriz Merino, la primera mujer Defensora del Pueblo y primera mujer en alcanzar el cargo de Primera Ministra, con una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos.  Actualmente trabaja como Directora del Centro de Responsabilidad Social de CENTRUM, el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha estudiado en el London School of Economics.

La creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a mediados del año pasado, que representa la estrategia adoptada para combatir la pobreza de manera efectiva mediante los programas sociales, suscita asimismo una oportunidad inédita para redefinir la política del Estado que atiende a la problemática real de la mujer peruana. Por su parte, el actual Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la institución rectora en igualdad de género y prevención de la violencia contra la mujer, se encuentra en la posibilidad de rediseñar e implementar una política que, en efecto, reconozca a la mujer como un sujeto de derechos, pues sus objetivos se concentrarán en la mujer y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.

En el Perú actual, las estadísticas señalan que el grueso de las víctimas de violencia sexual –constituido por mujeres y niñas– supera el 90%.[1] Además, el problema de la violencia contra la mujer, principalmente en el ámbito privado, continúa tomando la vida de las mujeres peruanas. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en el 2010 ascendió a 179 el número de las presuntas víctimas de feminicidio, concepto que alude al homicidio de la mujer por razones de género, mientras que, en el primer semestre del 2011, las presuntas víctimas fueron 95 mujeres. En nuestro país, sin embargo, la violación de los derechos humanos de las mujeres no se circunscribe exclusivamente a estos casos.

Por un lado, en el ámbito laboral, las mujeres enfrentan mayores dificultades, pues sobre ellas recae la carga doméstica, lo que les genera una jornada laboral adicional que no es remunerada, así como mayores tasas de desempleo, informalidad, acoso sexual y discriminación en general. Por otro lado, la participación política de las mujeres todavía es precaria y muy inferior a la ejercida por los varones. Para citar un ejemplo: las congresistas mujeres apenas ocupan 30 de los 130 escaños parlamentarios. Esta tendencia se acentúa dramáticamente cuando se observa la ausencia de mujeres en los cargos de presidentes de Gobiernos Regionales (con excepción del caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima). El número de Ministras del Gabinete actual tampoco constituye la excepción de esta regla, pues se limita a tres sectores socialmente “afines”, como los referidos a los temas ‘mujer’, ‘educación’ y ‘desarrollo social’.

Frente a este panorama, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política, así como en diversos tratados ratificados, el Estado debe elaborar e implementar políticas públicas integrales que permitan consagrar su obligación de respetar y garantizar los derechos de las mujeres. Por consiguiente, es preciso abandonar la práctica de atender a la mujer como un sujeto pasivo, únicamente a través de programas sociales; por el contrario, ha llegado el momento de considerarla como un agente activo. La voluntad política se debe convertir, entonces, en un requisito fundamental en esta labor, a fin de atender asuntos relevantes para la mujer peruana, a pesar de ser en muchos casos políticamente incorrectos o ineficaces en réditos políticos, que no se limiten a abordar la violencia contra la mujer. Es necesario, asimismo, que apunten a otros aspectos que menoscaban su calidad de vida, como lo relativo a su salud sexual y reproductiva, a su acceso a la propiedad y a los mercados, o a su vulnerabilidad frente a los desastres naturales.

A modo de cierre, cabe sostener que el MIMP tiene ante sí la oportunidad de iniciar una gran reforma que repercuta en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres peruanas, a fin de que ser mujer en nuestro país no sea sinónimo de abuso, violencia y discriminación. En esta línea, se debe estudiar y conocer los principales problemas que afectan a las mujeres para determinar nuevas líneas de trabajo e incorporar el enfoque de género en todos los niveles del Estado para transformar la realidad que hoy vivimos. En razón de ello, es menester que las autoridades políticas estén a la altura de este importante desafío.